ras meses de polémica alrededor de la que muchos llaman “ley censura», México estrena una regulación de derechos de audiencias. Expertos consultados por DW advierten que el mayor perdedor es el público.
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A finales de septiembre de 2026, entra en vigor en México la controversial regulación sobre derechos de audiencias, que fue tildada por sus críticos como «ley censura». Después de algunos vaivenes, quedó una versión final que, según expertos consultados por DW deja mucho que desear, y lo que menos protege son los derechos de las audiencias de la radio y televisión: por ejemplo, la ley no incluye a las redes sociales ni a las plataformas digitales.
Después de un largo y tormentoso camino de más de 13 años, México tendrá finalmente una regulación que permite a los consumidores de contenidos audiovisuales hacer efectivos sus derechos, obligando a los medios a tener mecanismos de queja y defensores de audiencias. Pero igual que en intentos anteriores, uno de los cuáles fue anulado por la Corte Suprema de Justicia, la pugna entre libertad de expresión, autorregulación de los medios y el poder del regulador estalló de nuevo en un ambiente pre-electoral bastante polarizado.
¿Prisa por las elecciones?
«Hay preocupación en el Gobierno por las elecciones de 2027», dice a DW el politólogo Rubén Aguilar, profesor de Ciencia Política y Comunicación en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. El académico señaló un «deterioro real de la indigencia del gobierno y de Morena, aunque no de la presidenta» y un «crecimiento real de la oposición». En junio del 2027 se elegirán 500 diputados, 17 gubernaturas y más de 2000 alcaldías.
Ante ese escenario, Aguilar afirma: «Los propósitos de la Ley eran tres: asustar a los periodistas, comentaristas y medios para que se autocensuraran; controlar los mensajes mediante el poder de bajarlos de los medios; y apretar el control mediante multas».
Irene Levy, abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y especialista en telecomunicaciones y regulación, coincide con el trasfondo electoral: «Tiene que ver con la elección de 2027, y se concentran en radio y TV porque es la plataforma que pueden regular», explica a DW. Sobre el nombre con el que se popularizó la norma, matiza: «Yo no le llamé ley censura y es extremo llamarlo así. El documento inicial sí era un documento que se acercaba a la palabra censura, pero el que quedó no lo podemos llamar así».
Ajustes que terminan por beneficiar al Estado
El proyecto inicial generó un fuerte rechazo de organizaciones periodísticas, académicos y dueños de medios, que advirtieron riesgos para la libertad de expresión. Una encuesta de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) evidenció la amplia impopularidad de lo que se percibía como un intento de censura, lo que abrió una consulta pública que cerró el 21 de agosto con 8.889 participaciones y derivó en cambios a la versión final.
Para Aguilar, «la presidenta no esperó el nivel de la tracción nacional e internacional. Y por eso bajaron los decibeles. Al final, la ley pasó, aunque menos fuerte».
Aun así, Levy identifica en la versión final contradicciones que, según dice, terminan por beneficiar al propio Estado. Sobre el mecanismo de quejas ante los defensores de audiencias, explica que sus conclusiones parecen ser recomendaciones a los medios, aunque el artículo 50 deja a la Comisión Reguladora la facultad de iniciar un proceso de sanción. Advierte que «esta sutileza se puede convertir en un problema».
Por su lado Raúl Trejo Delarbre, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, destaca a DW que «la versión definitiva de ese documento no mantiene los tres motivos de recelo que alarmaron a numerosos comunicadores: desaparece la alusión a las noticias falsas, el Gobierno no intervendrá para sancionar presuntas violaciones a los derechos de audiencias y, no habrá riesgo de multas por contenidos incómodos», de acuerdo con el nuevo texto.
Sin embargo, tanto él como Levy señalan lo que consideran otra gran contradicción: que el proceso precipitado terminó por beneficiar a los grandes dueños de los medios. El investigador de la UNAM detalla que ese retroceso se dio con el cambio de una sola palabra: donde el proyecto original obligaba a señalar los espacios comercializados con la fórmula «deberá hacer la mención», el texto final indica que los concesionarios «podrán» hacerlo.
Empresarios, ganadores inesperados
Con ese cambio, advierte Trejo Delarbre, «los empresarios de la radiodifusión podrán seguir transmitiendo contenidos pagados sin advertir que se trata de publicidad o propaganda». Es muy común en México incluir en noticieros entrevistas o notas pagadas por políticos y empresarios, sin que el público lo sepa.
«Ganaron los propietarios de los medios que lucran con ese engaño. Perdieron las audiencias», concluye el investigador.
Levy describe el mismo problema en sus propios términos: «Uno de los temas más importantes tiene que ver con la distinción entre publicidad e información (…) que la gente sepa cuando alguien está pagando por un producto. Bien, este tema desgraciadamente quedó completamente descremado. De un deberán, se convierte en un podrán».
La nueva norma, además, deja fuera a la prensa escrita, los portales digitales y las redes sociales. Sobre esa omisión, Levy es clara: «No se pueden meter a regular las plataformas digitales sin tener un huracán mediático internacional”, advierte. Aunque ganas no le faltan al gobierno: la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que sería bueno incluir redes sociales en esta regulación.
Aguilar, por su parte, advierte que la disputa no terminará con la entrada en vigor de los lineamientos: «La presión contra la libertad de expresión va a seguir de muy diversa manera. Desde las amenazas directas a presiones para despedir periodistas incómodos», enumera. Pero donde hay garrote, también hay zanahoria, señala el académico, apuntando al generoso presupuesto de la publicidad oficial que se ha ampliado en los últimos gobiernos, y ante el cuál muchos medios han optado por bajarle el tono y las críticas al gobierno actual.
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