Más de dos semanas después del anuncio del acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, hay opacidad sobre el mismo. El pacto recibe críticas en ambos países.
El acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump el pasado 28 de agosto fue presentado por la Casa Blanca como una pieza central para reactivar la industria venezolana de hidrocarburos y asegurar a Estados Unidos acceso privilegiado a una de las mayores reservas petroleras del mundo.
Sin embargo, más de dos semanas después, ni Washington ni Caracas han hecho público el texto del convenio ni los contratos que sustentan la operación. Esta opacidad, aunada a serias dudas sobre su legalidad, sus condiciones fiscales y la legitimidad de las autoridades venezolanas que lo suscriben ha generado fuertes críticas dentro de Venezuela.
Las objeciones también han ido en aumento en Estados Unidos, donde juristas, analistas especializados y congresistas han planteado importantes reservas que van desde la autoridad legal del Pentágono para invertir en petróleo venezolano hasta el trato privilegiado concedido a NABEP y el riesgo de que el acuerdo termine fortaleciendo a Delcy Rodríguez en lugar de facilitar la transición democrática en Venezuela.
¿Puede el Pentágono convertirse en empresario petrolero?
El primer frente de cuestionamientos abierto en Estados Unidos es jurídico. La administración Trump pretende canalizar a través la Oficina de Capital Estratégico (OSC, por sus siglas en inglés), una oficina del Departamento de Defensa, la participación económica del 35 % que Washington obtendrá en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP). Pero juristas y legisladores cuestionan si el Congreso otorgó realmente al Pentágono facultades para realizar una operación de esa naturaleza.
En su artículo Is the Venezuela Oil Deal Lawful? (¿Es legal el acuerdo petrolero con Venezuela?), Zachary S. Price, profesor de derecho de la Universidad de California, señala que, hasta donde ha podido determinar, la única norma invocada como posible fundamento de la operación es la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2024 (NDAA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, a su juicio, esta no otorga al Poder Ejecutivo la autoridad necesaria para realizar la operación.
La OSC se creó en 2022 para fortalecer la capacidad industrial de defensa de los Estados Unidos y reducir la dependencia de las cadenas de suministro chinas para tecnologías y materiales críticos. No obstante, según señala Price, la ley no autoriza expresamente a la OSC a realizar inversiones en el sector petrolero ni a adquirir participaciones accionarias.
Por otro lado —apunta Price—, la operación no solo plantearía dudas respecto del tipo de activo al que pueden destinarse los fondos, sino también sobre el método de asignación. La ley exige un proceso de solicitud competitivo basado en criterios previamente anunciados, y no un fondo discrecional que permita al Ejecutivo realizar adjudicaciones predeterminadas a una entidad específica por simple directiva presidencial.
Las dudas sobre la legalidad del acuerdo de Trump con Venezuela se ven reforzadas por el hecho de que recientes iniciativas legislativas para otorgar explícitamente a la OSC la facultad para adquirir participaciones en empresas privadas han fracasado, lo cual refuerza la tesis de que esa potestad no existe actualmente, según reportó el portal Semafor, citando a Tad DeHaven, analista del Instituto Cato.
Los cuestionamientos a la legalidad de la operación ya pasaron del ámbito académico al político. El senador demócrata Jack Reed, miembro de mayor rango de la minoría en el Comité de Servicios Armados del Senado, exigió formalmente al gobierno de Trump una rendición de cuentas completa sobre «la base legal de esta transacción, los términos financieros completos, el destino de las ganancias, el papel del Departamento de Defensa en la gestión o supervisión de la inversión y, lo que es más importante, si la administración planea utilizar fuerzas militares estadounidenses para asegurar los activos petroleros en los que el propio Departamento ahora tiene un interés financiero».
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¿Por qué fue seleccionada NABEP?
Además de cuestionar jurídicamente el método de asignación a NABEP —realizado sin que mediara un proceso competitivo público, y sin que se hayan publicado los contratos que permitan conocer con precisión los criterios utilizados para escogerla o las condiciones concedidas—, también se cuestiona la elección misma de NABEP. Una empresa cuyo principal accionista, el venezolano Alejandro Betancourt, es investigado por presunto blanqueo de capitales relacionado con fondos procedentes de un supuesto fraude multimillonario contra PDVSA.
Estas dudas ya llegaron al Congreso estadounidense. El representante demócrata Raja Krishnamoorthi, miembro del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes y del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara, solicitó a la Casa Blanca que revele si «Trump, sus familiares, sus aliados políticos o los principales donantes se beneficiarán económicamente de este acuerdo». También solicitó conocer que controles de ética y conflicto de intereses realizó la administración y que recursos públicos serán utilizados para respaldar la operación.
¿Washington reduce el riesgo de invertir en Venezuela o solo el de NABEP?
Desde un punto de vista económico, el acuerdo Trump-Rodríguez también ha recibido cuestionamientos. Mediante el respaldo de Washington a NABEP, se busca mitigar el riesgo de invertir bajo las actuales condiciones de Venezuela. No obstante, la fórmula escogida ha encendido alertas ante la posibilidad de que, en lugar de mejorar el entorno de negocios para todos los operadores, se hayan creado condiciones privilegiadas para una sola empresa.
Luisa Palacios, investigadora sénior adjunta del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia, advierte que este acuerdo petrolero «podría reducir el riesgo para la petrolera NABEP, pero no para Venezuela». Según la investigadora, intentar reducir los riesgos de la inversión eludiendo a PDVSA y creando una especie de «PDVSA paralela» con una sola empresa pequeña y controvertida como NABEP podría terminar debilitando aún más el marco institucional de Venezuela y aumentando el riesgo sistémico del país.
Los inversionistas de largo plazo (como Chevron o Eni) que están siguiendo la vía de las empresas mixtas requieren reglas claras y predecibles. Un acuerdo de este tipo, que opera con una legalidad frágil, con socios controvertidos y términos fiscales ambiguos, envía señales de que el marco institucional venezolano sigue siendo volátil y poco confiable.
El diario The Wall Street Journal publica un artículo titulado Why Big Oil Is Wary of Trump’s Foray Into Venezuela’s Oil Patch (Por qué las grandes petroleras desconfían de la incursión de Trump en el sector petrolero venezolano), publicado el 4 de septiembre, que recoge el escepticismo y la cautela de las grandes compañías petroleras ante la agresiva incursión de la administración Trump en el sector petrolero venezolano.
Los ejecutivos del sector advierten que esta política de Washington crea un competidor artificial con ventajas estatales, una dinámica que muchos analistas y líderes de la industria califican como una forma de capitalismo de Estado capaz de distorsionar la libre competencia en el mercado.
Fortalecimiento de Delcy Rodríguez
Otro cuestionamiento central es de orden político: el posible efecto del convenio sobre la transición democrática en Venezuela. Elliott Abrams, quien fue representante especial de Estados Unidos para Venezuela durante la primera administración de Donald Trump, y hoy es investigador senior del Council on Foreingn Relations, sostiene en su columna del 2 de septiembre, The Venezuela Oil Deal Trump Orchestrated Is a Shameful Sellout (El acuerdo petrolero con Venezuela orquestado por Trump es una vergonzosa traición), que este pacto sobre el petróleo termina por asociar los intereses de Washington con la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder.
En la misma dirección se han pronunciado Risa Grais-Targow, directora para América Latina de Eurasia Group (en declaraciones a Bloomberg), e Ian Vásquez, vicepresidente de estudios internacionales del Instituto Cato, en su artículo Everything About the US-Venezuela Oil Deal Is Troubling (Todo sobre el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela es preocupante). Ambos analistas coinciden en que el acuerdo petrolero podría reforzar el compromiso de Trump de trabajar con Delcy Rodríguez y reducir los incentivos para presionar por la pronta celebración de elecciones.
Esta inquietud también ha resonado en el Congreso, sobre todo por la proximidad de las elecciones de medio término. La representante republicana María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, sostuvo que Delcy Rodríguez es «la persona equivocada para hacer este acuerdo», y que «solo un gobierno respaldado por instituciones democráticas sólidas y el Estado de derecho puede garantizarlo. Y eso solo será posible con elecciones libres». Por su parte, el senador republicano Ted Cruz señaló que «no podemos permitir que este acuerdo suponga un obstáculo para la celebración de unas elecciones justas y libres en Venezuela».
Aunque estos cuestionamientos no amenazan de momento la continuidad inmediata del convenio, su acumulación debilita significativamente la viabilidad jurídica, política y financiera de un convenio concebido para durar un siglo. De hecho, cada vez son más las voces que se preguntan si esta operación logrará sobrevivir más allá del mandato de Donald Trump y del interinato de Delcy Rodríguez.
